Después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerara que el castellano también es «lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán», se ha producido un goteo de sentencias en los últimos meses.
El Supremo recuerda que el TC, siendo consciente de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, dice que el castellano también es cooficial y que, según la Constitución «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Irene Rigau: «Es imposible volver atrás»
Sin embargo, la Generalitat ha avisado este jueves de que la sentencia es «inaplicable», ya que abre la puerta a la «segregación» por razones lingüísticas, por lo que recurrirá el auto ante el Constitucional, informa Efe. En declaraciones a los medios en el Parlament, la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha advertido de que es «imposible volver a atrás», y ha anunciado que el ejecutivo catalán recurrirá el auto al Tribunal Constitucional, así como el hecho de que la Generalitat deba asumir las costas procesales algo que, ha dicho, no sucedía antes.
La titular de educación ha considerado que la sentencia del Supremo supone un «ataque frontal» al Estatut y a la Ley de Educación Catalana (LEC) y un «menosprecio» al Parlament, y ha precisado que su aplicación supondría abrir la puerta a la segregación por razones lingüísticas, un precepto que «no contempla» el Estatut.
Rigau ha denunciado que esta nueva sentencia supone un «salto cualitativo» contra el Estatut y la LEC respecto a anteriores resoluciones judiciales, ya que por primera vez se reconoce el derecho de «opción lingüística».
La consejera ha explicado, así, que en los impresos de preinscripción se solicita qué lenguas entiende el escolar, mientras que con esta sentencia habría que preguntar cuál es la lengua familiar, lo que supondría ir más allá de la atención personalizada que se da a las familias que lo han solicitado.
«Reiterar que contraviene plenamente el Estatut de Cataluña, porque dibuja un camino que supondría separar en grupos según la lengua habitual, y este principio es una línea infranqueable y contraviene, además, la Ley de Educación que está vigente», ha precisado Rigau.
Por otro lado, Rigau ha criticado que la Generalitat debe correr con las costas procesales, «endurece las relaciones institucionales» -ha dicho-, y ha subrayado que el Govern «siempre» utilizará la vía jurídica para defender lo que ha denominado «nuestros derechos».
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